SUSPENSIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: ¿QUE NOS ESPERA DESPUÉS DEL COVID?


Uno de los mayores retos para los abogados, ha sido tener que enfrentar una pandemia, en medio de un cambio en los procedimientos judiciales, esto, debido a su fuerte impacto a nivel mundial, y consecuentemente nacional.


Con fecha 16 de marzo del 2020, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017, declaro el estado de excepción en todo el territorio nacional, por una emergencia sanitaria (COVID 19), que ha obligado a todo el país a tener que paralizar sus actividades. En este artículo vamos a centrarnos única y exclusivamente a la paralización en la Función Judicial.


En efecto, el Consejo de la Judicatura, mediante resolución de fecha 17 de marzo del 2020, decidió paralizar de forma total las actividades de todos los órganos administrativos, jurisdiccionales, autónomas y auxiliares, con el fin de proteger la salud de funcionarios públicos, usuarios y profesionales del Derecho, esto, mientras dure el estado de excepción declarado por el Presidente. Con algunas excepciones como lo fue temas flagrantes, violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, tránsito, y adolescentes infractores.


Con la paralización de las actividades, la Corte Nacional de Justicia mediante Acuerdo Ministerial, resolvió que, a partir del 16 de marzo del 2020, y mientras dure el estado de emergencia sanitaria, se suspenden los plazos y términos previstos en la Ley, para los procesos judiciales, exceptuando las infracciones flagrantes.


Con estas decisiones tomadas, lo que sucedió, en síntesis, es una paralización TOTAL de las actividades en la Función Judicial, lo que implico, además, la suspensión de audiencias, diligencias judiciales, y cualquier otra acción de orden procesal, que ya fueron previamente señaladas.


Esto nos lleva a realizarnos dos interrogantes, a mi parecer, sumamente preocupantes, ¿Qué pasará con todas estas audiencias o diligencias judiciales, previamente señaladas? y ¿Qué nos espera después del COVID-19? Indiscutiblemente, estas interrogantes nos hemos hecho la mayoría, por no decir todos los profesionales del Derecho.


El país en los últimos años ha venido sufriendo ciertos cambios en el sistema judicial, como por ejemplo, la llegada del Código Orgánico General de Procesos, y la implementación de un cambio sumamente determinante, que fue dejar atrás un sistema escrito, y pasar a un sistema oral en todos los procesos judiciales, cambios que, desde que se implementaron, han presentado dificultades para los funcionarios públicos, quienes han sido los más afectados con estos cambios, y cuando se presenta una dificultad para un funcionario público, quien maneja acciones de terceras personas, consecuentemente se presenta problemas para los usuarios y para toda la comunidad judicial en general.


Los profesionales del Derecho, hemos tenido que vivir y tener que explicar a nuestros clientes, la fijación de audiencias para después de 1 año, y en algunos casos, hasta mas, hemos tenido que presenciar la falta de interés por los funcionarios públicos para el despacho de escritos, impulsos procesales y hasta dificultad para movilizarse de un lugar a otro, pues actualmente, encontramos instituciones de la Función Judicial, desde Carcelén, al norte de Quito, hasta Quitumbe, al sur de la ciudad, con viajes de hasta dos horas, lo que ha causado muchos problemas para quienes día a día debemos acudir a todas estas dependencias judiciales y hasta para los agentes, que día a día tienen que impulsar las causas, pues si no se lo hace, estas nunca se mueven.


Si unimos estos problemas que se han venido presentando, con la paralización de aproximadamente, a esta fecha, 75 días de la función judicial, y más aún, si unimos la nueva normalidad en la que tendremos que vivir todos los ecuatorianos, por lo menos hasta unos dos años, es decir, la implementación de las teleaudiencias, las nuevas formas de impulso procesal, de ingreso de causas, de escritos y evacuación de los procesos judiciales, por simple lógica, nos espera un verdadero caos en la Función Judicial, lo que los profesionales del Derecho tendremos que tratar de hacer entender, a nuestros clientes, quienes siempre han tenido el concepto, de que la Justicia es lenta y en muchos casos, nunca llega.


Desde ya, es decir, antes de que termine la emergencia sanitaria, se han presentado discrepancias por parte de varios profesionales del Derecho, de administradores de justicia, de autoridades y obviamente de usuarios, sobre la implementación de la nueva normalidad en la Función Judicial, imaginemos esto, cuando ya tengamos que vivirlo, y hay que ser realistas, esto no estará muy lejos, pues el confinamiento o aislamiento, ya no se podrá mantener más.


Finalizaré diciendo, que esta pandemia nadie la pudo prever, y es lógico que traiga severas consecuencias, pues ha golpeado a todo el país y al mundo entero, hecho que debemos tener siempre presente, y cada quien poner un grano de arena para sobrellevar esta situación y no vivir de las críticas, sin soluciones. Aspiro como un profesional más, que se encuentra preocupado por todo lo que se viene, que los funcionarios judiciales y administradores de justicia, se pongan en esta misma línea, y trabajemos todos juntos, para salir de esta situación, nada es seguro, todos tendremos que improvisar y adaptarnos a esta nueva normalidad.


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